Inveryal, la sociedad patrimonial del presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, y propietaria del 70,2% de la inmobiliaria, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores. Este mecanismo se registra ocho meses después de que la cotizada se acogiera también a la antigua suspensión de pagos.
Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Juzgado de lo Mercantil competente ha declarado en concurso de acreedores a Inversiones Globales Inveryal dentro del proceso que inició Reyal Urbis a principios de año.
La sociedad patrimonial de Rafael Santamaría tenía contraída una deuda de 350 millones con la banca, especialmente con el Santander.
Al ser un concurso voluntario, los actuales gestores conservarán las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
La situación de Reyal
La insolvencia del actual principal accionista de Reyal Urbis se produce mientras el propio grupo inmobiliario trabaja en un plan de viabilidad con la intención de "alcanzar un acuerdo con todos los acreedores y firmar a la mayor brevedad un convenio" que le permitiría superar la suspensión de pagos.
En febrero, la inmobiliaria Reyal Urbis comunicó que iría a un concurso voluntario al no poder alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, fundamentalmente bancos, a los que adeuda más de 3.600 millones de euros.
Esta cantidad convierte a este concurso en el segundo más grande que se ha producido en España, detrás del que presentó Martinsa-Fadesa por valor de 7.200 millones.
Según fuentes del sector, el plan de viabilidad que Reyal negocia con los acreedores contempla ceder el grueso de sus activos inmobiliarios a sus bancos para saldar la mayor parte de la deuda que soporta. La Sareb, la Agencia Tributaria y el ICO figuran entre el listado de los principales acreedores de la inmobiliaria.
La operación conllevaría una quita de deuda encubierta para las entidades, que se cifra en una media del 40%. Este porcentaje deriva del hecho de que el valor que actualmente presentan los activos, según tasaciones independientes, es inferior al importe del pasivo privilegiado.
A cierre del pasado mes de septiembre, Reyal Urbis registró una pérdida neta de 357,63 millones de euros, importe que supera en un 39% los números rojos contabilizados un año antes, dado el incremento de los costes indirectos y las provisiones realizadas para cubrir el deterioro de los activos.